Las carteras nacionales de Ambiente y Justicia buscan incorporar este tipo de delitos en la reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que apunta a concentrar toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.
Con vistas a incluir en el proceso de reforma integral del Código Penal el título “Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”, continúa el trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Derechos Humanos. Con este fin, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, participó junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, de una nueva reunión de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación.
Esta comisión tiene a su cargo elevar al Poder Ejecutivo Nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.
En ese marco, se consensuó la incorporación y establecimiento de varios delitos y sus respectivas penas:
- Delitos de contaminación y daño al ambiente, con pena de hasta cinco años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia.
- Agravantes con pena de hasta diez años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural y se afecte la salud humana, tomando como referencia la Ley de Residuos Peligrosos.
- Delitos contra la biodiversidad con pena de hasta tres años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora.
- Pena de hasta seis años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
- Delito de incendio forestal si resultan gravemente dañados los recursos naturales, como también para la modificación de humedales con peligro para el ambiente si se infringe las leyes nacionales o provinciales.
Entre otras cuestiones, se analizaron relacionados con la biotecnología, el desmonte y la diversificación de los cultivos, la mejora genética y la utilización de agroquímicos en los suelos.
La Comisión es presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky; acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba, y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. También la conforman los representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel; y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
