Argentina tiene su Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático

Aprobada por 163 votos a favor, ninguno en contra y solo ocho abstenciones, establece estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación y mitigación de nuestro país.

En el marco de la última sesión ordinaria del año del Parlamento, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Y si bien en algún momento se evaluó abrir el proyecto a una discusión mayor, factores como la presión ejercida por la agrupación Jóvenes por el Clima -que militaron por la normativa hasta el último momento de la jornada- hicieron que pase sin debate en la sala.

Aprobada por 163 votos a favor, ninguno en contra y solo ocho abstenciones, la legislación establece estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades nacionales de adaptación y mitigación. A lo largo de sus seis capítulos contempla a grandes rasgos disposiciones generales, objetivos, definiciones y principios que orientan a los instrumentos y políticas. Además de delinear las medidas y acciones mínimas, dispone en su parte final institutos vinculados con la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información.

“La consecuencias del cambio climático sobre la naturaleza y las condiciones climáticas son brutales. Hay una suerte de resistencia que no acepta que el cambio climático es la mayor amenaza que tiene hoy la humanidad. Si seguimos a este ritmo las aguas seguirán subiendo, desparecerán las islas y las ciudades ribereñas estarán amenazadas", había expresado sobre la urgencia de la problemática el Senador Fernando "Pino" Solanas, impulsor de la iniciativa junto a la Senadora Lucila Crexell.

“Hay una suerte de resistencia que no acepta que el cambio climático es la mayor amenaza que tiene hoy la humanidad. Si seguimos a este ritmo las aguas seguirán subiendo, desparecerán las islas y las ciudades ribereñas estarán amenazadas", había expresado sobre la urgencia de la problemática el Senador Fernando "Pino" Solanas.

Entre los principales hitos, la Ley crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación. Así, las provincias que no hayan participado de este proyecto a la fecha, deberán adherir por medio del COFEMA, el órgano oficial de funcionamiento.

En paralelo, la norma es fundamental para formalizar e institucionalizar la mecánica de trabajo implementada por el Gabinete Nacional de Cambio Climático y de la Comisión de Cambio Climático del Consejo Federal de Medio Ambiente. En este sentido, asegura la permanencia en el tiempo del organismo y posiciona al tratamiento del cambio climático como una política de Estado.

El Gabinete se encargará de diseñar e implementar en las distintas áreas de Gobierno un “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”. Coordinado técnicamente por la Secretaría de Ambiente, políticamente quedaría dentro de Jefatura de Gabinete. Para complementar esfuerzos, la legislación también crea un Consejo Asesor Externo formado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, entidades académicas y empresarias, sindicatos y centros de investigación.

“Esta ley es sumamente importante porque convierte al Cambio Climático en una cuestión de Estado. Nuestro país, como todos los que suscribieron al Acuerdo de París, acordó reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y es correcto que acompañe sus compromisos internacionales con políticas públicas que vayan en el mismo sentido”, celebró Leonel Mingo, Coordinador de Campañas de Greenpeace Andino.

El proyecto establece normas de alcance práctico, como el Principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, o el de Prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”Esta ley es sumamente importante porque convierte al Cambio Climático en una cuestión de Estado. Nuestro país, como todos los que suscribieron al Acuerdo de París, acordó reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y es correcto que acompañe sus compromisos internacionales con políticas públicas que vayan en el mismo sentido”, celebró Leonel Mingo, Coordinador de Campañas de Greenpeace Andino.

En 2016, nuestro país ratificó el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ese mismo año, Argentina fue el primero en presentar una revisión de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Y es uno de los pocos que ha aumentado la ambición de su NDC desde la adopción del tratado climático.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación apuntan que la meta de dicha contribución se logrará a través de la implementación de una serie de medidas focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, industria y residuos. En este aspecto, la nueva ley busca garantizar la continuidad del trabajo realizado en estos años, dar un marco jurídico a la temática y ayudar en el cumplimiento de la NDC.

Contar con este marco jurídico no solo busca facilitar el cumplimiento de la Contribución. También promete fomentar relaciones interjurisdiccionales, promover los planes locales de respuesta, permitir la coordinación de políticas nacionales, locales y sectoriales y potenciar acciones que contribuyan a la adaptación al cambio climático y a la reducción de gases de efecto invernadero. Finalmente, permitirá reforzar el trabajo de la Secretaría de Ambiente en articulación con las carteras a nivel nacional, la sociedad civil, el sector privado y académico y las provincias y municipios. Bajo estos lineamientos, las acciones se enfocarán en los sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, industria y residuos.