Según un informe de la Universidad Austral y Fundación Alimentaris, el financiamiento sostenible y la inversión de impacto movilizaron USD 2.171 millones en 2025. Pero el crédito bancario sostenible cayó un 17% en términos reales respecto de 2023 y las emisiones de bonos verdes, sociales y sustentables retrocedieron un 48%.
El financiamiento sostenible y la inversión de impacto en Argentina atraviesan un período de menor dinamismo, marcado por la caída de algunos instrumentos financieros, la concentración geográfica de las organizaciones receptoras y las dificultades para vincular el capital disponible con proyectos que buscan generar beneficios sociales y ambientales. Así lo señala el informe “Mapeo de inversión de impacto en Argentina 2025”, elaborado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, junto con Fundación Alimentaris.
Durante 2025, estas modalidades movilizaron USD 2.171 millones a través de 543.735 operaciones. Del total, el 92% correspondió a instrumentos de financiamiento sostenible y el 8% a inversiones de impacto, dos modalidades que comparten objetivos de sostenibilidad, aunque tienen características diferentes.
Uno de los principales hallazgos es la contracción del financiamiento sostenible a través del sistema bancario. Sobre una muestra constante de seis entidades, el volumen de créditos sostenibles cayó un 17% en términos reales entre 2023 y 2025. En ese período, pasó de USD 1.287 millones a USD 1.136 millones.
La tendencia también se reflejó en el mercado de capitales. Las emisiones de bonos sociales, verdes y sustentables alcanzaron USD 472 millones en 2025, un 48% menos que en 2023, cuando habían llegado a USD 910 millones. Además, su participación en el total de obligaciones negociables colocadas en el mercado local pasó del 12% a menos del 3% en el mismo período.
El relevamiento también identificó 96 inversiones de impacto por USD 179 millones durante 2025, realizadas por 50 inversores y destinadas a 87 organizaciones, por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales. Al excluir las operaciones extraordinarias de gran magnitud, el monto se reduce a USD 39 millones distribuidos en 93 inversiones. Seis de cada diez operaciones tuvieron montos inferiores a USD 150.000.
En cuanto a las condiciones de estas inversiones, el 83% se estructuró a tres años o menos y el 95% buscó obtener una rentabilidad igual o superior a la del mercado. Los resultados muestran que este tipo de inversión procura combinar objetivos financieros con resultados sociales y ambientales, sin necesariamente resignar rentabilidad.
Distribución territorial
Otro de los desafíos es la concentración territorial. El 88% de las organizaciones receptoras de inversión de impacto relevadas opera en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. Buenos Aires concentra el 51% de la muestra, seguida por Córdoba, con el 16%; CABA, con el 14%; y Santa Fe, con el 7%. Los datos evidencian una distribución desigual de las organizaciones relevadas, aunque no permiten establecer cómo se distribuyó el monto total de las inversiones entre las provincias.
El estudio también advierte sobre las dificultades para conectar a quienes necesitan financiamiento con quienes buscan invertir. El 42% de los inversores consultados señaló restricciones vinculadas con la disponibilidad de capital, mientras que el 40% de las organizaciones receptoras manifestó problemas para encontrar inversores que compartan sus objetivos de impacto.
A esto se suma el desafío de medir los resultados. Si bien el 68% de los actores relevados considera estratégica la medición del impacto, los costos, la complejidad de los procesos y la falta de metodologías homogéneas pueden convertirse en barreras, especialmente para las organizaciones de menor tamaño.
“Construir evidencia rigurosa y comparable en el tiempo es clave para entender un mercado que todavía está en formación. Los datos muestran que el desafío no es solo movilizar más capital, sino generar las condiciones para que llegue a proyectos con impacto medible y retornos sostenibles”, señaló Eugenia Concina Haín, directora de Programas de Prosperidad de Fundación Alimentaris.
Por su parte, Fernanda Figueroa, directora del mapeo e investigadora asociada del CESIS de la Universidad Austral, destacó la importancia de contar con información abierta para dimensionar el capital que movilizan el financiamiento sostenible y la inversión de impacto en el país.
Entre los desafíos para fortalecer el mercado, el informe plantea la necesidad de mejorar la articulación entre inversores y organizaciones, desarrollar instrumentos financieros adecuados a las características de los proyectos y reducir las brechas territoriales. También destaca la importancia de generar condiciones que permitan financiar iniciativas de largo plazo y demostrar sus resultados sociales y ambientales.
