El país le dirá adiós a los combustibles fósiles, el fracking y los autos contaminantes. Con un plazo intermedio al 2030, todas las medidas se piensan para descarbonizar por completo la economía.
El Gobierno español se propone descarbonizar la economía en el 2050 con un plazo intermedio al 2030. La idea es superar las exigencias de la Unión Europea para el país. La misma esperaba una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 14% respecto a los niveles de 1990.
El Estado ibérico apunta alcanzar una reducción de al menos un 20%. En 2030 se prevé una penetración de las energías renovables del 35%; un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35% respecto a la línea base de la UE.
De cara a 2050, la ambición será mayor: la reducción de las emisiones alcanzará un 90% en relación a 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable.
Y para cumplir con las metas, llevarán adelante diversas acciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones.
Estas medidas se detallan en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que desde noviembre se hace circular por los grupos parlamentarios y los sectores interesados. De esta forma, el fin de la cartera es desarrollar un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de fin de año.
Con esto en mente, el borrador prevé que la nación reduzca 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos. La idea es disminuir hasta 230 millones de toneladas de CO2.
Se trata de un documento holístico que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte y la fiscalidad. Como reflejo de este espíritu, estipula que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tengan un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.
Acciones climáticas en sintonía
Entre las acciones delineadas, se incluyen ponerle un fin a todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 -incluidos los híbridos- después de 2040.
Además, la propuesta de normativa exigirá que las estaciones de servicio instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y dispersión geográfica, con la idea de garantizar una movilidad eléctrica por todo el territorio nacional.
El Gobierno también fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megawatios de potencia al año a partir de renovables y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.
En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en la renovación de edificios existentes para lograr una alta eficiencia energética. En esta misma línea buscan que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030.
El Ejecutivo también aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán sobre todo a los barrios y colectivos vulnerables.
Para predicar con el ejemplo, la Administración General del Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública. Así, los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da como plazo hasta 2025 para que los existentes alcancen la máxima calificación energética.
A partir de esa fecha, el sector público solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los alquileres en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.
Con la ley también se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno. El organismo estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones de cumplimiento obligatorio para el Estado.
