Un Tribunal de Apelación ratificó una sentencia del 2015 que obliga al gobierno holandés a garantizar que sus emisiones al 2020 se reduzcan en un 25% en comparación con los niveles de 1990.
Holanda debe hacer más para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo determinó un Tribunal de Apelación de La Haya la semana pasada, tras desestimar cada uno de los argumentos del fiscal estatal. De esta manera, el fallo se convirtió en la primera sentencia exitosa contra un Estado para que cumpla con esto.
Así, se mantuvo la sentencia del 2015, una victoria revolucionaria para la organización ambientalista Urgenda y que el Estado holandés había apelado. Hace tres años, en nombre de 900 ciudadanos, la ONG demandó al gobierno para que tome medidas para garantizar que sus emisiones al 2020 se reduzcan en un 25% en comparación con los niveles de 1990. Desde ese entonces, varias instituciones medioambientales iniciaron demandas similares en otros países.
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"Es una decisión enormemente buena. La última vez que ganamos cientos de personas alzaron la voz porque nuestro caso les había dado esperanzas. Creo que esto solo aumentará esa esperanza y hará que la gente agote la vía democrática, es decir, irán a juicio. Porque si sus políticos no actúan, entonces alguien debería hacerlo y ese alguien puede ser el juez", celebró Marjan Minnesma, Directora de Urgenda, el martes 9 de octubre cuando se dio a conocer el fallo de la apelación.
La Haya concluyó que 25% es el mínimo para que la Administración cumpla con su deber de atención. El abogado estatal había argumentado que Holanda es solo un país pequeño mientras que la problemática ambiental es una cuestión global. Y si bien reconoció esto, la magistratura apuntó que esto no exime a los Países Bajos de la obligación legal de hacer esfuerzos desde su territorio para brindar protección contra ella.
Enfatizó que existe una amenaza real debido al cambio climático y que el gobierno tiene el deber de proteger a los habitantes contra las actividades industriales. Apuntó que en caso de peligro, debe tomar medidas preventivas y que si no interviene, existe el riesgo de que la generación actual derive en la pérdida de vidas o la interrupción de la vida familiar.
El hecho de que el gobierno fijara en febrero de este año el objetivo de reducir las emisiones en un 49% para 2030 tampoco significó mucho para el juzgado. Dictaminó que es necesario intervenir ahora, limitar los riesgos y los costos adicionales. En este sentido, se tuvo en cuenta el hecho de que el año pasado, las emisiones fueron un 13% más bajas que en 1990. A este ritmo, están en camino de reducirlas en un 23%, pero existe un margen de incertidumbre importante que varía de 19% a 27%. Por esta razón, según el tribunal existe una posibilidad real de que la reducción sea menor y eso no es aceptable.
Otro de los argumentos que se cayó fue que la separación de poderes prescribe que el juzgado no puede interferir en las decisiones políticas. Pero la corte señaló que los Países Bajos se han unido a tratados internacionales, que son legalmente vinculantes y, por lo tanto, legalmente verificables.
