¿Pueden las armas convertirse en una industria sostenible? la guerra empuja Un debate sobre los criterios ESG europeos

En plena escalada bélica, la UE avanza estos días con un listado de actividades ESG que pueden considerarse sostenibles y, por ende, acceder a mejor financiamiento. La lista negra incluye cigarrillos y productos resultantes de trabajo esclavo. No se pronunciaron aun sobre la industria de armas y las compañías de defensa aumentan su lobby.

En plena invasión rusa a Ucrania, el bloque europeo se encuentra discutiendo estos días el listado final de las actividades que pueden ser consideradas sostenibles o no. Conocido como “taxonomía”, este sistema de clasificación tiene el poder de canalizar mayor financiación hacia las actividades económicas sostenibles incluidas en su lista. Y su elaboración no suele estar exenta de debate, tal como sucedió recientemente con la llamada “taxonomía verde”.

Claro que la flamante guerra agregó un condimento extra: puso justamente en discusión si las armas deben incluirse como activos que respetan los criterios ESG (siglas en inglés de medio ambiente, social y gobernanza), para otorgarles un acceso más favorable a la financiación, o no. Un debate que recién comienza.

La Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, un grupo convocado por la Unión Europea, publicó esta semana su plan para los tipos de actividades que podrían considerarse socialmente sostenibles, de acuerdo a los criterios ESG. Se trata de un puntapié para el análisis final por parte del bloque europeo, una discusión a la que ahora se cuela el debate por el armamento.

La lista negra propuesta por la Plataforma incluye cigarrillos y productos producidos como resultado del trabajo forzoso. Sobre la cuestión de las armas, asegura que la Unión Europea debería basarse en los protocolos y convenciones internacionales existentes.

Pero esta ventana de tiempo, hasta que esté lista la taxonomía social, ya aparece como una oportunidad que están usando los lobistas del sector de armamentos para que su actividad sea incluida. Según BDSV, un grupo de presión de la industria de defensa alemana, la invasión rusa de Ucrania la semana pasada es muy relevante para la cuestión de la sostenibilidad social en Europa.

“La invasión de Ucrania muestra lo importante que es tener una fuerte defensa nacional”, aseguró Hans Christoph Atzpodien, director de BDSV. “Hago un llamado a la Unión Europea para que reconozca la industria de la defensa como una contribución positiva a la ‘sostenibilidad social’ bajo la taxonomía ESG”, pidió.

Mientras tanto, la industria de defensa dice que ha tenido problemas para obtener préstamos, ya que los actuales criterios ESG dirigen la financiación de los fondos y los evitan. De hecho, el director ejecutivo de la empresa armamentística alemana Rheinmetall AG, Armin Papperger, aseguró en enero que los bancos alemanes LBBW y BayernLB le habían cortado el crédito debido a sus preocupaciones de ESG.

Debate en puerta

Por su parte, la Unión Europea señaló previamente su voluntad de escuchar algunos de los argumentos de la industria de defensa. En un documento de política a principios de este mes, destacó la importancia de garantizar que “las iniciativas sobre finanzas sostenibles sigan siendo consistentes con los esfuerzos de la Unión Europea para facilitar el acceso suficiente de la industria de defensa europea a la financiación y la inversión”. Toda una declaración de principios.

Al debate se sumó el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que anunció un aumento masivo en el gasto de defensa. “Con la invasión de Ucrania, estamos en una nueva era”, dijo Scholz a los legisladores, mientras revelaba planes de 100.000 millones de euros destinados a la modernización de las fuerzas armadas de Alemania.

Los esfuerzos para producir una taxonomía social llegan después de que la Unión Europea recibiera duras críticas por incluir el gas y la energía nuclear en su taxonomía verde, una medida que, de acuerdo al bloque, ayudará a la transición hacia una energía más limpia. Pero fueron muchos los que reaccionaron: activistas climáticos, inversionistas y varios estados miembros del bloque criticaron la decisión asegurando que pone en riesgo la visión verde de Europa. La Plataforma estuvo entre los que condenaron la medida.

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