Ante el potencial riesgo por parte de la compañía Soluciones Ambientales S.A de Entre Ríos, las autoridades ambientales argentinas ejecutaron esta herramienta financiera obligtoria y se destinó parte de la póliza valuada en $7 millones.
Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país donde se aplica un seguro ambiental. La Secretaría Ambiental local solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la ejecución de la herramienta para prevenir los riesgos ecológicos que podía generar la empresa Soluciones Ambientales S.A, dedicada al manejo de residuos peligrosos del departamento de Gualeguaychú.
"Este gobierno provincial se encuentra comprometido en sostener cada una de las fuentes de trabajo de nuestros ciudadanos enmarcados en el concepto superior del Desarrollo Sustentable. Que no solo se vincula con las atendibles necesidades del mercado, sino también con el resguardo de las necesidades de la sociedad, puntualizando en conservar los recurso naturales para las generaciones futuras” enfatizó Belén Esteves, Secretaria Ambiental de Entre Ríos, y la responsable de elevar la petición.
El organismo local había alertado acerca de un potencial riesgo en la planta a la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio, que llevó adelante una inspección de las instalaciones.
“Constatamos que existía riesgo de contaminación porque, en caso de cumplirse los pronósticos de lluvia, los cursos de agua adyacentes podrían crecer y desbordar sobre las piletas donde se almacenan los residuos líquidos y sólidos que son tratados en el lugar”, explicó Javier Ureta Sáenz Peña, Secretario de Control y Monitoreo Ambiental.
Ya que la empresa no pudo demostrar que contaba con un plan de contingencia que contemple esta situación, se ejecutó el plan de acción preventiva. Así, su aseguradora debió destinar un porcentaje de la póliza para llevar adelante las medidas preventivas que la Secretaría consideró necesarias para evitar que ocurra un daño ambiental agravado.
Esta falta de preparación suponía una situación de alerta para los habitantes de Enrique Carbó, el pueblo más cercano a la planta, que se encuentra aguas abajo. “Si los cursos de agua llegasen a subir por encima del nivel de las piletas de almacenamiento, los residuos peligrosos que contienen serían arrastrados hacia el pueblo”, alertó María Julia Rodriguez Chapuy, Coordinadora de la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales de la Secretaría.
La implementación de acciones
Con la póliza valuada en $7 millones, para cumplir con el dictamen, la aseguradora envió cinco camiones cisterna a sus instalaciones, con el fin de drenar las piletas donde se almacenan los residuos líquidos y sólidos y contó con la supervisión de los técnicos del Ministerio. Además del drenaje, se estipuló la construcción de un sistema de contención para evitar que el agua ingrese donde se alojan los sólidos.
La medida fue adoptada tras recibir a los representantes del Sindicato del Petróleo y Gas privado de la provincia, que entregaron un petitorio solicitando la unión de todas las partes para resolver la situación anómala que atraviesa la organización, recientemente suspendida por incumplir las leyes ambientales.
“Se busca trabajar en conjunto para que la empresa se adapte a la legislación ambiental y además se conserven las fuentes laborales”, explicó Pedro Ayala, Secretario Adjunto del Sindicato.
El carácter obligatorio de la herramienta
La Ley General del Ambiente (ley 25.675) establece al seguro ambiental como uno de los requisitos para toda industria o empresa de servicios que lleven adelante actividades riesgosas para el entorno. Así, este instrumento financiero obligatorio protege al patrimonio frente a un posible accidente, ya que asegura una respuesta que permita reparar el daño ocasionado.
Existen tres instancias de ejecución de la póliza: preventiva, de recomposición y de indemnización. En este caso se aplicó la primera de ellas que contempla que se destine un porcentaje para adoptar las acciones que sean necesarias para evitar un daño que es muy probable que ocurra si no se hace algo al respecto.
En la segunda, se destina un monto para actuar sobre un daño que ya ocurrió, pero que puede ser remediado. La última instancia contempla que se destine el total para la indemnización en el caso de que la gravedad de las consecuencias haga que ya no sea posible remediarlo.
