En un intento por financiar la biodiversidad, se busca consolidar un mercado voluntario de la mano de los privados.
En un nuevo intento por alinear el desarrollo económico con la restauración ambiental, la Comisión Europea presentó el 6 de julio una hoja de ruta para impulsar los créditos de la naturaleza, una iniciativa que busca consolidar un mercado voluntario, confiable y orientado al financiamiento de la biodiversidad. El esquema propone recompensar a quienes implementen o financien proyectos de restauración ecológica, como la recuperación de humedales, la reforestación o la conservación de hábitats.
Estos créditos funcionarán como instrumentos de inversión que podrán ser adquiridos por empresas, entidades públicas, instituciones financieras o ciudadanos, generando beneficios como reputación mejorada, reducción de riesgos operativos y acceso a nuevos mercados. “Debemos incorporar la naturaleza en los balances contables. Bien diseñados, los créditos de la naturaleza se convertirán en una herramienta eficiente y orientada al mercado”, afirmó Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión.
Ofrecen nuevas oportunidades de ingreso para agricultores, silvicultores, pescadores, propietarios de tierras y comunidades locales, al tiempo que les ayudan a restaurar los ecosistemas y fortalecer la resiliencia de sus actividades. El abanico de posibles compradores e inversores también es amplio, e incluye desde empresas privadas e instituciones financieras hasta pequeños inversores y entidades públicas.
Movilizando el capital privado
Con tres cuartas partes de las empresas europeas dependiendo de los ecosistemas, la Comisión propone un modelo de gobernanza robusto, certificación independiente y estándares claros para evitar el greenwashing y dar confianza al mercado.
Se estima que la UE necesita unos 65.000 millones de euros anuales para cumplir sus metas de conservación. Ante el insuficiente financiamiento público, la Comisión se comprometió a duplicar su gasto externo en biodiversidad a 7.000 millones de euros y a destinar al menos el 10% de su presupuesto al área para 2027. Aun así, reconoce que será clave movilizar capital privado.
Este esquema no reemplazará las obligaciones regulatorias vigentes, sino que actuará como un mecanismo voluntario adicional, permitiendo a sectores como el agropecuario, forestal y pesquero —así como a comunidades locales— monetizar sus esfuerzos de conservación.
La hoja de ruta se aplicará por etapas, comenzando con proyectos piloto en Francia, Estonia y Perú, y en articulación con organizaciones como el Foro Económico Mundial, la Alianza de Créditos de Biodiversidad y un panel internacional asesor. Se pondrá a prueba la trazabilidad, el impacto ambiental y la viabilidad financiera de estos proyectos.
La Comisión también abrió una consulta pública para definir estándares y mecanismos de certificación, vigente hasta el 30 de septiembre de 2025, y convocó a un grupo de expertos multisectorial, con postulaciones abiertas hasta el 10 de septiembre.
Aunque la iniciativa nace en Europa, América Latina podría desempeñar un papel clave por su enorme biodiversidad y los desafíos comunes en materia de financiamiento para la conservación. Países como Chile, Perú y Colombia ya avanzan en marcos regulatorios y pilotos que buscan valorizar los servicios ecosistémicos.
